Lo social en la encrucijada

Universidad Centroamericana (UCA)
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Ante todo, hay que distinguir "lo social" de "la sociedad". Lo
social es parte de ésta, como lo es lo económico, lo político o lo
cultural. En El Salvador, lo social se ha entendido como la actividad
del Estado orientada a satisfacer las necesidades más elementales de
los ciudadanos, tales como la educación, la salud, los servicios
básicos, la vivienda, la seguridad y el empleo. En este sentido, linda
con lo económico y lo político, aunque se diferencia de ellos. No
obstante, tradicionalmente lo social ha sido subordinado a lo
económico y a lo político, a tal punto que no hay verdaderamente una
política social coherente y sistemática en El Salvador, lo cual se
explica, en parte, por el carácter incipiente de su desarrollo
democrático.


De manera paulatina, la idea se ha hecho común, al menos desde la
firma de los Acuerdos de Paz, pero en realidad no se ha ejecutado
política social alguna, pese a las urgentes necesidades de la
población. Un somero balance de los años que nos separan desde que se
ensayara el ajuste estructural no permite identificar claramente la
consolidación de una verdadera política social. A lo sumo se han
realizado importantes avances en materia social, pero sin la suficiente
contundencia como para zanjar los preocupantes déficits en educación,
salud e infraestructura, por mencionar los más urgentes.


En ese sentido, suena vacío -o al menos impropio- el discurso que
utilizó el ex presidente Francisco Flores, quien sostuvo que durante
su gestión se construyó la más grande obra social en la historia del
país. Pues bien, sin dejar de reconocer los avances realizados durante
su gestión, éstos resultan insuficientes cuando se contrastan con las
necesidades aún mayores de los salvadoreños. Así las cosas, más que
una política social coherente, los sucesivos gobiernos de ARENA han
realizado esfuerzos aislados que resultan ser mero complemente del
desarrollo comercial, que ha sido la prioridad. De ahí que El Salvador
destaque en las libertades económicas y comerciales, pero presente
serios déficits educativos, de salud, vivienda, seguridad e
infraestructura.


Previo a los comicios del 21 de marzo, el Banco Mundial hizo algunas
recomendaciones para el gobierno que se instalaría a partir de junio.
Con respecto a las inversiones, el organismo sugería el mejoramiento
de la capacidad institucional y legal que favoreciera un clima propicio
para los inversionistas. Concretamente, el Banco Mundial propuso, entre
otras medidas, fortalecer la capacidad institucional de la
Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones y despachar leyes
complementarias, especialmente en el sector energético y vial; y
avanzar en la reforma del sector justicia, "para reducir la
corrupción e incrementar la efectividad, particularmente respecto de
la represión del crimen organizado y el delito callejero".


En lo que se refiere al desarrollo comercial, la institución
recomendó realizar acciones complementarias al Tratado de Libre
Comercio que el gobierno negoció con los Estados Unidos para que se
obtuvieran -decía el banco- los beneficios potenciales del mismo.
Para la institución financiera internacional, la política social es
complementaria a la política económica, pero con un claro énfasis en
la segunda. Son complementarios, por ejemplo, la atención al sector
educativo -ampliando la cobertura y mejorando la calidad de ese
servicio-; además de la mejora de los índices de desarrollo
institucional y de gobernabilidad -prestando atención en el efectivo
***plimiento de la ley, la seguridad pública y el combate a la
corrupción y de la violencia-. Lo anterior deberá sumarse al
esfuerzo por mejorar la infraestructura del país, especialmente la red
vial y portuaria, con énfasis territorial.


El hecho de que las recomendaciones de la entidad internacional ya las
hallan dicho instituciones y profesionales salvadoreños sin que fueran
tomados en cuenta habla de la escasa cultura del diálogo imperante en
El Salvador. Y es que, pese a que Saca ha utilizado profusamente la
palabra "consenso" en sus discursos, aún perduran prácticas,
entre la clase política salvadoreña, que postergan el desarrollo de
la cultura democrática.


***plidos los cien primeros días de la gestión de Saca, gozó de
mayor aceptación la tesis de que sin una reforma tributaria el
anunciado plan social del gobierno salvadoreño difícilmente llegaría
a concretizarse. Se vio a los funcionarios más cercanos del presidente
gestionando ante sectores nacionales claves el apoyo político y
económico para sortear el primer obstáculo en la encrucijada: la
reforma fiscal. Por lo menos el secretario técnico de la presidencia,
Eduardo Zablah, aceptó esa primera dificultad: "será difícil el
acuerdo fiscal", dijo a dos periodistas de La Prensa Gráfica que lo
entrevistaron a principios de septiembre. Sobre lo segundo, el plan
social, hay que insistir en que las promesas rebasan con creces lo que
se ha hecho hasta el momento. Pero ello no detuvo el desmedido
optimismo gubernamental.


A penas concluido el obligado ejercicio de evaluación del primer
trimestre de gobierno, Elías Antonio Saca volvió a insistir con
sobrado optimismo en la reforma social. Esta vez lo hizo en ocasión de
su primera intervención como jefe de Estado en la sede de las Naciones
Unidas. Habló de reducir los niveles de pobreza: "estamos trabajando
en un plan social orientado a reducir la pobreza extrema en el próximo
quinquenio"; anunció parte de su nuevo plan fiscal: "estamos
empeñados en realizar una reforma fiscal que aumente la recaudación y
disminuya la evasión fiscal"; seguidamente, siempre en materia
fiscal, dijo que aumentaría "el impuesto especial al tabaco,
alcohol, armas y municiones, con el fin de propiciar un Fondo Especial
para la Salud (FOSALUD) con el cual ampliaremos la asistencia sanitaria
en las zonas rurales de mi país, combatiendo fuertemente el
contrabando de estos productos".


El mandatario también dio una idea del lugar que ocuparía el tema
educativo durante su gestión: "uno de los mejores mecanismos para
aumentar nuestras posibilidades de desarrollo, es la inversión en la
educación. Conscientes de ello, hemos lanzado el 'Plan Nacional de
Educación 2021', el cual busca renovar la visión a futuro de la
educación, por medio de compromisos programáticos de corto, mediano y
largo alcance". Finalmente, Saca se comprometió a "buscar vías
alternas y compromisos renovados, conducentes a hacer más efectiva la
lucha contra la pobreza".


En fin, el presidente salvadoreño volvió sobre su plan social, pero
esta vez su compromiso quedó fijado ante los gobernantes del mundo
reunidos en la ONU. Habló de la reducción de la pobreza, de la salud,
de la educación y de la seguridad ciudadana, es decir, las mayores
preocupaciones de los salvadoreños y de los que, preocupados por el
hambre que padecen miles de seres humanos en el mundo, hicieron la
convocatoria a las Naciones Unidas; pero nuevamente dijo poco sobre
acuerdos concretos alcanzados en su país. La sencilla razón es que el
año cierra con pocos acuerdos alcanzados. Aún así, Saca encontró un
mayoritario respaldo de la población frente a un desprestigiado y
desgastado FMLN.

El nuevo nudo que mantiene en situación de impasse a los políticos es
la aprobación del Presupuesto General de la Nación del 2005,
herramienta ineludible para financiar la política social. A finales de
septiembre, el matutino El Mundo revelaba que el presupuesto del
próximo año tendrá un incremento de $42 millones en concepto de
gasto social, sobre todo en Salud y Educación, llegando a casi los $3
mil millones en su totalidad. De acuerdo a las fuentes oficiales
citadas por ese diario, el presupuesto no incluye supresión de plazas
ni recorte a ninguna de las carteras de Estado, rompiendo la constante
de las últimas ediciones del plan general de gastos estatales. En la
misma nota periodística, la fuente citada añade que "el plan social
de Saca se financiará en gran medida con la emisión de deuda vía
bonos, cuyo monto será de 539 millones de dólares para 2005, 253
millones más que los colocados este año". Pero, como se sabe, el
FMLN se niega a aprobar el financiamiento por la vía de emisión de
bonos, debido a que se incrementa la deuda del país que ya sobrepasa
el 40% del PIB nacional.