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Default Los derechos de los trabajadores en El Salvador


Los derechos de los trabajadores en El Salvador son vulnerados de
manera sistemática por losempleadores, mientras el gobierno ignora o
incluso facilita talesabusos, señaló Human Rights Watch en un informe
difundido hoy.

Desde el 8 al 12 de diciembre, El Salvador participará en la ronda
final de
negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y
Centroamérica (CAFTA por sus siglas en inglés), un potencial tratado
de comercio que presenta profundas implicaciones en materia de
derechos laborales.
"Los empleadores de El Salvador son conscientes de que si violan los
derechos de los trabajadores, enfrentarán muy pocas consecuencias, si
acaso alguna, y que el gobierno puede llegar a ayudarlos a perpetuar
tales abusos", señaló Carol Pier, investigadora sobre derechos
laborales y asuntos comerciales de Human Rights Watch. "EL CAFTA debe
incluir herramientas sólidas que permitan prevenir esta situación,
pero la actual propuesta se encuentra muy lejos de alcanzar este fin".
El informe de 118 páginas, "Indiferencia intencionada: Inacción del
gobierno de El Salvador en la protección de los derechos de los
trabajadores", do***enta violaciones serias a los derechos humanos de
los trabajadores y ****iza el rol del gobierno.
Asimismo, incluye un estudio de casos en los sectores privado y
público, en las industrias dedicadas a la producción de manufacturas y
a servicios, y concluye que los trabajadores enfrentan una situación
de extrema dificultad para ejercer sus derechos, independientemente
del sector en el que se encuentren empleados. Tres de las compañías
****izadas abastecían a corporaciones internacionalmente conocidas en
el campo de la indumentaria basadas en los Estados Unidos.
Human Rights Wath observó que los empleadores retrasan el pago de
salarios, no abonan las horas extras adeudadas, niegan el pago
obligatorio de aguinaldos y vacaciones y embolsan las contribuciones
de seguridad social de los trabajadores, impidiendo que éstos accedan
a servicios de salud pública gratuitos. De manera más extendida aún,
los empleadores se valen de numerosas tácticas con la finalidad de
violar el derecho de los trabajadores a la libre asociación.
De forma rutinaria, los empleadores despiden afiliados y dirigentes
sindicales, marcan a sindicalistas para someterlos a suspensiones,
presionan a los trabajadores para que renuncien a su afiliación
sindical, y les niegan la posibilidad de trabajo a los sindicalistas
"alborotadores". En este ambiente hostil, solamente cerca del 5 por
ciento de los trabajadores del país han sido capaces de organizarse de
manera exitosa.
Generalmente los trabajadores tienen poco éxito si tratan de conseguir
algún tipo de resarcimiento legal ante tales violaciones. Los
sindicalistas que han sido despedidos de manera ilegal, no tienen
derecho a ser reintegrados a sus respectivos puestos de trabajo. Por
el contrario, la multa que resulta de estos despidos es tan baja que,
en el caso de que se aplique, es considerada como un pequeño costo a
ser pagado para poder hacer negocios. No existe una prohibición
explícita que indique que los empleadores no pueden discriminar en
contra de los afiliados sindicales en el proceso de contratación, y
asimismo, los empleadores tienen la capacidad de manipular legalmente
las suspensiones de manera tal de afectar desproporcionadamente a los
afiliados sindicales. Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), los requisitos extremadamente complejos del país en lo que
respecta a la inscripción de las organizaciones sindicales constituyen
"requisitos excesivos" que "violan gravemente los principios de la
libertad sindical". El Ministerio de Trabajo de El Salvador exacerba
aún más dicho problema al interpretar de manera estrecha estos
requisitos con la finalidad de impedir la inscripción sindical.
Los inspectores de trabajo no siguen los procedimientos de inspección
legalmente establecidos: llevan a cabo inspecciones sin comunicarse
con los trabajadores, les niegan los resultados de las inspecciones a
los trabajadores, no imponen multas a los empleadores abusivos, se
niegan a dictaminar sobre asuntos que se encuentran bajo su mandato.
El Ministerio de Trabajo ignora de manera regular la conducta
antisindical y de carácter ilegal de los empleadores que pretende
frustrar los intentos de sindicalización. Y en ciertos casos extremos,
el ministerio colabora con los empleadores en las violaciones a la
legislación laboral y en los abusos a los derechos humanos de los
trabajadores, por ejemplo, al aceptar pedidos de carácter ilegal
presentados por los empleadores donde solicitan que los trabajadores
firmen do***entos renunciando a toda intención de presentar demandas
legales contra las empresas antes de recibir las indemnizaciones que
les corresponden.
En el caso de que los trabajadores recurran a los juzgados laborales
de El Salvador para obtener algún tipo de resarcimiento, se
encontrarán con largas esperas y muy frecuentemente con obstáculos
procedimentales de carácter insalvable. La legislación no incluye
protección alguna para "informantes" que permita reguardar a aquellos
compañeros de trabajo que tienen suficiente valor para testificar a
favor de colegas que fueron despedidos, y no existe garantía alguna de
que los fallos favorables serán aplicados. En los numerosos casos
donde los empleadores cierran sus fábricas y se dan a la fuga, los
procesos pueden detenerse de manera completa ya que la legislación
salvadoreña no dispone de mecanismos que permitan que los casos sigan
su curso si los demandados no pueden ser hallados para hacerles
entrega de la do***entación legal pertinente.
El informe indica que la falta de recursos constituye otro obstáculo
para la aplicación efectiva de la legislación nacional, con
presuntamente sólo 37 inspectores de trabajo cubriendo una mano de
obra de aproximadamente 2,6 millones de trabajadores. En años
recientes, el gobierno de los Estados Unidos ha remitido millones de
dólares en concepto de ayuda para el desarrollo con la finalidad de
lidiar con esta ausencia de capacidad de aplicación y con otros
problemas. Pero estos fondos han hecho poco por mejorar el respeto a
los derechos de los trabajadores.
"Las limitaciones de recursos constituyen un problema, pero lo que
observamos en El Salvador es que existe una importante falta de
voluntad política para proteger los derechos de los trabajadores",
dijo Pier. "Los fondos adicionales sólo ayudan si existe el deseo de
aplicar la ley. Lo que se necesita aquí es un cambio fundamental en la
actitud del gobierno hacia los derechos laborales".
El informe indica que este cambio de actitud debe ser alentado por
medio de sólidas provisiones en materia de derechos laborales a ser
incluidas en el CAFTA. Sin embargo, el informe lamenta que la
propuesta actual no sea suficiente. En el caso de que esta propuesta
sea adoptada, el tratado de comercio sólo requerirá a los países
firmantes que apliquen su legislación laboral existente, aun en el
caso de que tales leyes, como ocurre en El Salvador, no ***plan con
los estándares internacionales en la materia. Por el contrario, el
CAFTA debería requerir que las leyes laborales locales se ajusten a
las normas internacionales y, al mismo tiempo, establecer un mecanismo
de transición que permita asegurar que las prácticas laborales de los
países firmantes satisfagan ciertos estándares básicos antes de que se
les reconozcan los beneficios comerciales.
"Si el CAFTA entra en efecto con las provisiones en materia de
derechos laborales que se proponen actualmente, el mismo tipo de
abusos do***entados en el informe continuarán ocurriendo", dijo Pier.
"El Salvador gozará de enormes beneficios arancelarios para bienes
producidos por trabajadores cuyos derechos son vulnerados. Esto sería
imperdonable".
El informe también exhorta al gobierno de El Salvador a fortalecer su
legislación laboral, requiriendo la reincorporación de los
trabajadores que han sido despedidos de manera ilegal. Human Rights
Watch urge al Ministerio de Trabajo a respetar y proteger los derechos
humanos de los trabajadores siguiendo los procedimientos de inspección
dispuestos por la ley.

Casos seleccionados
*Antes de cerrar sus puertas en marzo de 2002, Confecciones Niños era
una maquila que presuntamente abastecía de prendas de vestir a
compañías basadas en los Estados Unidos, tales como al-Mart, JC
Penney, Perry Manufacturing, Kellwood Company ( y su subsidiaria Koret
of California), Kahn-Lucas-Lancaster, y Kmart. Una trabajadora de
Confecciones Niños refirió a Human Rights Watch, "Nos obligaban a
***plir metas... si las logramos fue porque no nos levantábamos para
ir al baño o para tomar agua... Contraje una infección en los riñones
porque no iba al baño... ni a tomar agua. Fui al Seguro y me dieron
tratamiento, pero dijeron que tenía que tomar agua e ir al baño... El
doctor dijo que tenía que cuidar mi salud, pero el señor no entiende
esto. Le interesa la producción".

*Lido, una fábrica de productos panificados, despidió a 11 dirigentes
y a 52 afiliados sindicales en mayo de 2002 y entre el 14 de octubre y
el 4 de noviembre del mismo año. Uno de los dirigentes comentó a Human
Rights Watch, "El objetivo de la empresa es que el sindicato deje de
existir... Los trabajadores tienen temor... Tienen miedo porque los
dirigentes están afuera. Cuando estábamos adentro, interveníamos si
les negaban permiso para usar el baño".
Lido pagó el monto indemnizatorio adeudado a los 52 afiliados
sindicales en concepto de despidos ilegales. Pero, a cambio de esto,
solicitó a los trabajadores que firmaran actas de renuncia preparadas
por la compañía y que manifestaran por escrito su negativa a
interponer cualquier tipo de demanda legal contra la empresa.
Presionados por su precaria situación económica, los trabajadores
firmaron estos do***entos, negándose a apelar los requerimientos de la
empresa en procesos judiciales prolongados y onerosos. Con las
renuncias presentadas y la posibilidad de interponer demandas
judiciales descartada, Lido no pudo ser multada por los despidos
antisindicales de carácter ilegal ni por despedir de manera ilegal a
los afiliados sindicales con la finalidad de destruir el sindicato.
Consiguientemente, Lido pudo evadir las débiles salvaguardas legales
en materia de protección sindical. Y el gobierno colaboró con Lido en
este esquema. La compañía envió a 22 de los trabajadores despedidos al
Ministerio de Trabajo para que reclamaran sus indemnizaciones. Los
funcionarios gubernamentales se negaron a entregarles el dinero que se
les adeudaba a menos que los trabajadores firmaran las declaraciones
preparadas por Lido. El secretario general del sindicato comentó,
"Consideramos que (el Ministerio de Trabajo) estaba colaborando con la
empresa para que el sindicato dejara) de existir legalmente".
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2 14th January 15:20
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Default Los derechos de los trabajadores en El Salvador


Los derechos de los trabajadores en El Salvador son vulnerados de
manera sistemática por losempleadores, mientras el gobierno ignora o
incluso facilita talesabusos, señaló Human Rights Watch en un informe
difundido hoy.

Desde el 8 al 12 de diciembre, El Salvador participará en la ronda
final de
negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y
Centroamérica (CAFTA por sus siglas en inglés), un potencial tratado
de comercio que presenta profundas implicaciones en materia de
derechos laborales.
"Los empleadores de El Salvador son conscientes de que si violan los
derechos de los trabajadores, enfrentarán muy pocas consecuencias, si
acaso alguna, y que el gobierno puede llegar a ayudarlos a perpetuar
tales abusos", señaló Carol Pier, investigadora sobre derechos
laborales y asuntos comerciales de Human Rights Watch. "EL CAFTA debe
incluir herramientas sólidas que permitan prevenir esta situación,
pero la actual propuesta se encuentra muy lejos de alcanzar este fin".
El informe de 118 páginas, "Indiferencia intencionada: Inacción del
gobierno de El Salvador en la protección de los derechos de los
trabajadores", do***enta violaciones serias a los derechos humanos de
los trabajadores y ****iza el rol del gobierno.
Asimismo, incluye un estudio de casos en los sectores privado y
público, en las industrias dedicadas a la producción de manufacturas y
a servicios, y concluye que los trabajadores enfrentan una situación
de extrema dificultad para ejercer sus derechos, independientemente
del sector en el que se encuentren empleados. Tres de las compañías
****izadas abastecían a corporaciones internacionalmente conocidas en
el campo de la indumentaria basadas en los Estados Unidos.
Human Rights Wath observó que los empleadores retrasan el pago de
salarios, no abonan las horas extras adeudadas, niegan el pago
obligatorio de aguinaldos y vacaciones y embolsan las contribuciones
de seguridad social de los trabajadores, impidiendo que éstos accedan
a servicios de salud pública gratuitos. De manera más extendida aún,
los empleadores se valen de numerosas tácticas con la finalidad de
violar el derecho de los trabajadores a la libre asociación.
De forma rutinaria, los empleadores despiden afiliados y dirigentes
sindicales, marcan a sindicalistas para someterlos a suspensiones,
presionan a los trabajadores para que renuncien a su afiliación
sindical, y les niegan la posibilidad de trabajo a los sindicalistas
"alborotadores". En este ambiente hostil, solamente cerca del 5 por
ciento de los trabajadores del país han sido capaces de organizarse de
manera exitosa.
Generalmente los trabajadores tienen poco éxito si tratan de conseguir
algún tipo de resarcimiento legal ante tales violaciones. Los
sindicalistas que han sido despedidos de manera ilegal, no tienen
derecho a ser reintegrados a sus respectivos puestos de trabajo. Por
el contrario, la multa que resulta de estos despidos es tan baja que,
en el caso de que se aplique, es considerada como un pequeño costo a
ser pagado para poder hacer negocios. No existe una prohibición
explícita que indique que los empleadores no pueden discriminar en
contra de los afiliados sindicales en el proceso de contratación, y
asimismo, los empleadores tienen la capacidad de manipular legalmente
las suspensiones de manera tal de afectar desproporcionadamente a los
afiliados sindicales. Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), los requisitos extremadamente complejos del país en lo que
respecta a la inscripción de las organizaciones sindicales constituyen
"requisitos excesivos" que "violan gravemente los principios de la
libertad sindical". El Ministerio de Trabajo de El Salvador exacerba
aún más dicho problema al interpretar de manera estrecha estos
requisitos con la finalidad de impedir la inscripción sindical.
Los inspectores de trabajo no siguen los procedimientos de inspección
legalmente establecidos: llevan a cabo inspecciones sin comunicarse
con los trabajadores, les niegan los resultados de las inspecciones a
los trabajadores, no imponen multas a los empleadores abusivos, se\0
niegan a dictaminar sobre asuntos que se encuentran bajo su mandato.
El Ministerio de Trabajo ignora de manera regular la conducta
antisindical y de carácter ilegal de los empleadores que pretende
frustrar los intentos de sindicalización. Y en ciertos casos extremos,
el ministerio colabora con los empleadores en las violaciones a la
legislación laboral y en los abusos a los derechos humanos de los
trabajadores, por ejemplo, al aceptar pedidos de carácter ilegal
presentados por los empleadores donde solicitan que los trabajadores
firmen do***entos renunciando a toda intención de presentar demandas
legales contra las empresas antes de recibir las indemnizaciones que
les corresponden.
En el caso de que los trabajadores recurran a los juzgados laborales
de El Salvador para obtener algún tipo de resarcimiento, se
encontrarán con largas esperas y muy frecuentemente con obstáculos
procedimentales de carácter insalvable. La legislación no incluye
protección alguna para "informantes" que permita reguardar a aquellos
compañeros de trabajo que tienen suficiente valor para testificar a
favor de colegas que fueron despedidos, y no existe garantía alguna de
que los fallos favorables serán aplicados. En los numerosos casos
donde los empleadores cierran sus fábricas y se dan a la fuga, los
procesos pueden detenerse de manera completa ya que la legislación
salvadoreña no dispone de mecanismos que permitan que los casos sigan
su curso si los demandados no pueden ser hallados para hacerles
entrega de la do***entación legal pertinente.
El informe indica que la falta de recursos constituye otro obstáculo
para la aplicación efectiva de la legislación nacional, con
presuntamente sólo 37 inspectores de trabajo cubriendo una mano de
obra de aproximadamente 2,6 millones de trabajadores. En años
recientes, el gobierno de los Estados Unidos ha remitido millones de
dólares en concepto de ayuda para el desarrollo con la finalidad de
lidiar con esta ausencia de capacidad de aplicación y con otros
problemas. Pero estos fondos han hecho poco por mejorar el respeto a
los derechos de los trabajadores.
"Las limitaciones de recursos constituyen un problema, pero lo que
observamos en El Salvador es que existe una importante falta de
voluntad política para proteger los derechos de los trabajadores",
dijo Pier. "Los fondos adicionales sólo ayudan si existe el deseo de
aplicar la ley. Lo que se necesita aquí es un cambio fundamental en la
actitud del gobierno hacia los derechos laborales".
El informe indica que este cambio de actitud debe ser alentado por
medio de sólidas provisiones en materia de derechos laborales a ser
incluidas en el CAFTA. Sin embargo, el informe lamenta que la
propuesta actual no sea suficiente. En el caso de que esta propuesta
sea adoptada, el tratado de comercio sólo requerirá a los países
firmantes que apliquen su legislación laboral existente, aun en el
caso de que tales leyes, como ocurre en El Salvador, no ***plan con
los estándares internacionales en la materia. Por el contrario, el
CAFTA debería requerir que las leyes laborales locales se ajusten a
las normas internacionales y, al mismo tiempo, establecer un mecanismo
de transición que permita asegurar que las prácticas laborales de los
países firmantes satisfagan ciertos estándares básicos antes de que se
les reconozcan los beneficios comerciales.
"Si el CAFTA entra en efecto con las provisiones en materia de
derechos laborales que se proponen actualmente, el mismo tipo de
abusos do***entados en el informe continuarán ocurriendo", dijo Pier.
"El Salvador gozará de enormes beneficios arancelarios para bienes
producidos por trabajadores cuyos derechos son vulnerados. Esto sería
imperdonable".
El informe también exhorta al gobierno de El Salvador a fortalecer su
legislación laboral, requiriendo la reincorporación de los
trabajadores que han sido despedidos de manera ilegal. Human Rights
Watch urge al Ministerio de Trabajo a respetar y proteger los derechos
humanos de los trabajadores siguiendo los procedimientos de inspección
dispuestos por la ley.

Casos seleccionados
*Antes de cerrar sus puertas en marzo de 2002, Confecciones Niños era
una maquila que presuntamente abastecía de prendas de vestir a
compañías basadas en los Estados Unidos, tales como al-Mart, JC
Penney, Perry Manufacturing, Kellwood Company ( y su subsidiaria Koret
of California), Kahn-Lucas-Lancaster, y Kmart. Una trabajadora de
Confecciones Niños refirió a Human Rights Watch, "Nos obligaban a
***plir metas... si las logramos fue porque no nos levantábamos para
ir al baño o para tomar agua... Contraje una infección en los riñones
porque no iba al baño... ni a tomar agua. Fui al Seguro y me dieron
tratamiento, pero dijeron que tenía que tomar agua e ir al baño... El
doctor dijo que tenía que cuidar mi salud, pero el señor no entiende
esto. Le interesa la producción".

*Lido, una fábrica de productos panificados, despidió a 11 dirigentes
y a 52 afiliados sindicales en mayo de 2002 y entre el 14 de octubre y
el 4 de noviembre del mismo año. Uno de los dirigentes comentó a Human
Rights Watch, "El objetivo de la empresa es que el sindicato deje de
existir... Los trabajadores tienen temor... Tienen miedo porque los
dirigentes están afuera. Cuando estábamos adentro, interveníamos si
les negaban permiso para usar el baño".
Lido pagó el monto indemnizatorio adeudado a los 52 afiliados
sindicales en concepto de despidos ilegales. Pero, a cambio de esto,
solicitó a los trabajadores que firmaran actas de renuncia preparadas
por la compañía y que manifestaran por escrito su negativa a
interponer cualquier tipo de demanda legal contra la empresa.
Presionados por su precaria situación económica, los trabajadores
firmaron estos do***entos, negándose a apelar los requerimientos de la
empresa en procesos judiciales prolongados y onerosos. Con las
renuncias presentadas y la posibilidad de interponer demandas
judiciales descartada, Lido no pudo ser multada por los despidos
antisindicales de carácter ilegal ni por despedir de manera ilegal a
los afiliados sindicales con la finalidad de destruir el sindicato.
Consiguientemente, Lido pudo evadir las débiles salvaguardas legales
en materia de protección sindical. Y el gobierno colaboró con Lido en
este esquema. La compañía envió a 22 de los trabajadores despedidos al
Ministerio de Trabajo para que reclamaran sus indemnizaciones. Los
funcionarios gubernamentales se negaron a entregarles el dinero que se
les adeudaba a menos que los trabajadores firmaran las declaraciones
preparadas por Lido. El secretario general del sindicato comentó,
"Consideramos que (el Ministerio de Trabajo) estaba colaborando con la
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Los derechos de los trabajadores en El Salvador son vulnerados de
manera sistemática por losempleadores, mientras el gobierno ignora o
incluso facilita talesabusos, señaló Human Rights Watch en un informe
difundido hoy.

Desde el 8 al 12 de diciembre, El Salvador participará en la ronda
final de
negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y
Centroamérica (CAFTA por sus siglas en inglés), un potencial tratado
de comercio que presenta profundas implicaciones en materia de
derechos laborales.
"Los empleadores de El Salvador son conscientes de que si violan los
derechos de los trabajadores, enfrentarán muy pocas consecuencias, si
acaso alguna, y que el gobierno puede llegar a ayudarlos a perpetuar
tales abusos", señaló Carol Pier, investigadora sobre derechos
laborales y asuntos comerciales de Human Rights Watch. "EL CAFTA debe
incluir herramientas sólidas que permitan prevenir esta situación,
pero la actual propuesta se encuentra muy lejos de alcanzar este fin".
El informe de 118 páginas, "Indiferencia intencionada: Inacción del
gobierno de El Salvador en la protección de los derechos de los
trabajadores", do***enta violaciones serias a los derechos humanos de
los trabajadores y ****iza el rol del gobierno.
Asimismo, incluye un estudio de casos en los sectores privado y
público, en las industrias dedicadas a la producción de manufacturas y
a servicios, y concluye que los trabajadores enfrentan una situación
de extrema dificultad para ejercer sus derechos, independientemente
del sector en el que se encuentren empleados. Tres de las compañías
****izadas abastecían a corporaciones internacionalmente conocidas en
el campo de la indumentaria basadas en los Estados Unidos.
Human Rights Wath observó que los empleadores retrasan el pago de
salarios, no abonan las horas extras adeudadas, niegan el pago
obligatorio de aguinaldos y vacaciones y embolsan las contribuciones
de seguridad social de los trabajadores, impidiendo que éstos accedan
a servicios de salud pública gratuitos. De manera más extendida aún,
los empleadores se valen de numerosas tácticas con la finalidad de
violar el derecho de los trabajadores a la libre asociación.
De forma rutinaria, los empleadores despiden afiliados y dirigentes
sindicales, marcan a sindicalistas para someterlos a suspensiones,
presionan a los trabajadores para que renuncien a su afiliación
sindical, y les niegan la posibilidad de trabajo a los sindicalistas
"alborotadores". En este ambiente hostil, solamente cerca del 5 por
ciento de los trabajadores del país han sido capaces de organizarse de
manera exitosa.
Generalmente los trabajadores tienen poco éxito si tratan de conseguir
algún tipo de resarcimiento legal ante tales violaciones. Los
sindicalistas que han sido despedidos de manera ilegal, no tienen
derecho a ser reintegrados a sus respectivos puestos de trabajo. Por
el contrario, la multa que resulta de estos despidos es tan baja que,
en el caso de que se aplique, es considerada como un pequeño costo a
ser pagado para poder hacer negocios. No existe una prohibición
explícita que indique que los empleadores no pueden discriminar en
contra de los afiliados sindicales en el proceso de contratación, y
asimismo, los empleadores tienen la capacidad de manipular legalmente
las suspensiones de manera tal de afectar desproporcionadamente a los
afiliados sindicales. Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), los requisitos extremadamente complejos del país en lo que
respecta a la inscripción de las organizaciones sindicales constituyen
"requisitos excesivos" que "violan gravemente los principios de la
libertad sindical". El Ministerio de Trabajo de El Salvador exacerba
aún más dicho problema al interpretar de manera estrecha estos
requisitos con la finalidad de impedir la inscripción sindical.
Los inspectores de trabajo no siguen los procedimientos de inspección
legalmente establecidos: llevan a cabo inspecciones sin comunicarse
con los trabajadores, les niegan los resultados de las inspecciones a
los trabajadores, no imponen multas a los empleadores abusivos, se
niegan a dictaminar sobre asuntos que se encuentran bajo su mandato.
El Ministerio de Trabajo ignora de manera regular la conducta
antisindical y de carácter ilegal de los empleadores que pretende
frustrar los intentos de sindicalización. Y en ciertos casos extremos,
el ministerio colabora con los empleadores en las violaciones a la
legislación laboral y en los abusos a los derechos humanos de los
trabajadores, por ejemplo, al aceptar pedidos de carácter ilegal
presentados por los empleadores donde solicitan que los trabajadores
firmen do***entos renunciando a toda intención de presentar demandas
legales contra las empresas antes de recibir las indemnizaciones que
les corresponden.
En el caso de que los trabajadores recurran a los juzgados laborales
de El Salvador para obtener algún tipo de resarcimiento, se
encontrarán con largas esperas y muy frecuentemente con obstáculos
procedimentales de carácter insalvable. La legislación no incluye
protección alguna para "informantes" que permita reguardar a aquellos
compañeros de trabajo que tienen suficiente valor para testificar a
favor de colegas que fueron despedidos, y no existe garantía alguna de
que los fallos favorables serán aplicados. En los numerosos casos
donde los empleadores cierran sus fábricas y se dan a la fuga, los
procesos pueden detenerse de manera completa ya que la legislación
salvadoreña no dispone de mecanismos que permitan que los casos sigan
su curso si los demandados no pueden ser hallados para hacerles
entrega de la do***entación legal pertinente.
El informe indica que la falta de recursos constituye otro obstáculo
para la aplicación efectiva de la legislación nacional, con
presuntamente sólo 37 inspectores de trabajo cubriendo una mano de
obra de aproximadamente 2,6 millones de trabajadores. En años
recientes, el gobierno de los Estados Unidos ha remitido millones de
dólares en concepto de ayuda para el desarrollo con la finalidad de
lidiar con esta ausencia de capacidad de aplicación y con otros
problemas. Pero estos fondos han hecho poco por mejorar el respeto a
los derechos de los trabajadores.
"Las limitaciones de recursos constituyen un problema, pero lo que
observamos en El Salvador es que existe una importante falta de
voluntad política para proteger los derechos de los trabajadores",
dijo Pier. "Los fondos adicionales sólo ayudan si existe el deseo de
aplicar la ley. Lo que se necesita aquí es un cambio fundamental en la
actitud del gobierno hacia los derechos laborales".
El informe indica que este cambio de actitud debe ser alentado por
medio de sólidas provisiones en materia de derechos laborales a ser
incluidas en el CAFTA. Sin embargo, el informe lamenta que la
propuesta actual no sea suficiente. En el caso de que esta propuesta
sea adoptada, el tratado de comercio sólo requerirá a los países
firmantes que apliquen su legislación laboral existente, aun en el
caso de que tales leyes, como ocurre en El Salvador, no ***plan con
los estándares internacionales en la materia. Por el contrario, el
CAFTA debería requerir que las leyes laborales locales se ajusten a
las normas internacionales y, al mismo tiempo, establecer un mecanismo
de transición que permita asegurar que las prácticas laborales de los
países firmantes satisfagan ciertos estándares básicos antes de que se
les reconozcan los beneficios comerciales.
"Si el CAFTA entra en efecto con las provisiones en materia de
derechos laborales que se proponen actualmente, el mismo tipo de
abusos do***entados en el informe continuarán ocurriendo", dijo Pier.
"El Salvador gozará de enormes beneficios arancelarios para bienes
producidos por trabajadores cuyos derechos son vulnerados. Esto sería
imperdonable".
El informe también exhorta al gobierno de El Salvador a fortalecer su
legislación laboral, requiriendo la reincorporación de los
trabajadores que han sido despedidos de manera ilegal. Human Rights
Watch urge al Ministerio de Trabajo a respetar y proteger los derechos
humanos de los trabajadores siguiendo los procedimientos de inspección
dispuestos por la ley.

Casos seleccionados
*Antes de cerrar sus puertas en marzo de 2002, Confecciones Niños era
una maquila que presuntamente abastecía de prendas de vestir a
compañías basadas en los Estados Unidos, tales como al-Mart, JC
Penney, Perry Manufacturing, Kellwood Company ( y su subsidiaria Koret
of California), Kahn-Lucas-Lancaster, y Kmart. Una trabajadora de
Confecciones Niños refirió a Human Rights Watch, "Nos obligaban a
***plir metas... si las logramos fue porque no nos levantábamos para
ir al baño o para tomar agua... Contraje una infección en los riñones
porque no iba al baño... ni a tomar agua. Fui al Seguro y me dieron
tratamiento, pero dijeron que tenía que tomar agua e ir al baño... El
doctor dijo que tenía que cuidar mi salud, pero el señor no entiende
esto. Le interesa la producción".

*Lido, una fábrica de productos panificados, despidió a 11 dirigentes
y a 52 afiliados sindicales en mayo de 2002 y entre el 14 de octubre y
el 4 de noviembre del mismo año. Uno de los dirigentes comentó a Human
Rights Watch, "El objetivo de la empresa es que el sindicato deje de
existir... Los trabajadores tienen temor... Tienen miedo porque los
dirigentes están afuera. Cuando estábamos adentro, interveníamos si
les negaban permiso para usar el baño".
Lido pagó el monto indemnizatorio adeudado a los 52 afiliados
sindicales en concepto de despidos ilegales. Pero, a cambio de esto,
solicitó a los trabajadores que firmaran actas de renuncia preparadas
por la compañía y que manifestaran por escrito su negativa a
interponer cualquier tipo de demanda legal contra la empresa.
Presionados por su precaria situación económica, los trabajadores
firmaron estos do***entos, negándose a apelar los requerimientos de la
empresa en procesos judiciales prolongados y onerosos. Con las
renuncias presentadas y la posibilidad de interponer demandas
judiciales descartada, Lido no pudo ser multada por los despidos
antisindicales de carácter ilegal ni por despedir de manera ilegal a
los afiliados sindicales con la finalidad de destruir el sindicato.
Consiguientemente, Lido pudo evadir las débiles salvaguardas legales
en materia de protección sindical. Y el gobierno colaboró con Lido en
este esquema. La compañía envió a 22 de los trabajadores despedidos al
Ministerio de Trabajo para que reclamaran sus indemnizaciones. Los
funcionarios gubernamentales se negaron a entregarles el dinero que se
les adeudaba a menos que los trabajadores firmaran las declaraciones
preparadas por Lido. El secretario general del sindicato comentó,
"Consideramos que (el Ministerio de Trabajo) estaba colaborando con la
empresa para que el sindicato dejara) de existir legalmente".
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