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Referendos en Europa: la izquierda contrataca

James Petras
La Jornada

Mayo: el pueblo francés se rebela, repudia la propuesta de
Constitución de la Unión Europea, y con ella, toda una panoplia de
decretos neoliberales y legislación pasada, presente y futura que da
marcha atrás a 60 años de avance social.

Junio: casi dos terceras partes de los holandeses acuden a las urnas y
casi el mismo porcentaje dice no a la propuesta de Constitución.

En los días anteriores a los referendos (e inmediatamente después),
expertos, políticos y periodistas inventaron toda una serie de
calumnias para desacreditar el no, entre las cuales citaron la
xenofobia de extrema derecha, el miedo a que nuevos países entren en
la UE, la "rapidez del cambio" y, según Tony Blair, las "dificultades
de lidiar con la globalización y la nueva tecnología".

Lo que estos comentaristas no logran analizar (o se cuidan bien de
mencionar) son los profundos cambios estructurales que han perjudicado
a la vasta mayoría de trabajadores, agricultores, profesionales
asalariados y pensionados europeos, sin respetar fronteras geográficas
y políticas, edades o nacionalidades.

El voto por el no fue un rechazo a las privatizaciones, la
subcontratación de trabajo en el extranjero, las reubicaciones de
fábricas y la legislación social regresiva que se han implantado en
consonancia con lo que se denomina "integración", "competitividad" y
"engrandecimiento" de la UE. El negativo pasado y la promesa de un
futuro aún peor pesaron con fuerza en la decisión de los electores.

El no en Francia y Holanda fue una afirmación y defensa de su sector
público de servicio social, su legislación laboral, su protección de
salarios y empleos, que se ven amenazados por la nueva concentración
de poder en Bruselas.

La Constitución creaba el mecanismo institucional para arrancar las
decisiones socioeconómicas cruciales de manos de las legislaturas y
autoridades locales, las cuales están sujetas a presiones populares
(huelgas generales, protestas en masa), y llevarlas a Bruselas, donde
el bloque reaccionario de los países de nuevo ingreso a la UE, aliado
con la derecha de Europa occidental, tendría la última palabra sobre
políticas.

La Constitución, como aseguran sus defensores, no hacía explícita la
agenda de "libre mercado" de la derecha, pero industriales, grandes
inversionistas, banqueros y economistas liberales daban por sentado que
el cambio institucional consistía en crear condiciones óptimas para
una nueva y más profunda ola de medidas de liberalización.

Ernest-Antoine Seilliere, presidente de la Federación Francesa de
Empleados (Medef, por su nombre en francés), señaló que la derrota
de la Constitución haría más difícil la realización de la "agenda
de Lisboa" de la UE (Financial Times, 31/5/05, pág. 2). Dicha agenda
promueve la privatización de servicios sociales, y concede mayores
facultades a los empleadores para cambiar unilateralmente las
condiciones de trabajo, rebajar salarios y contratar y despedir
trabajadores.

En toda Europa occidental la clase capitalista y sus economistas
domesticados tronaron contra el no porque fue un golpe a su poder, a
sus prerrogativas y sus planes de incrementar la explotación de los
asalariados y acabar con las regulaciones sociales, y porque fue un
estímulo potencial para la acción de los trabajadores.

Jurgen Thumann, presidente de la Federación de la Industria Alemana,
al rechazar el resultado del referendo francés sin aludir a la
decadencia social que lo motivó, aconsejó a los políticos "dar pasos
rápidos y convincentes" para instaurar la agenda privatizadora.
"Terminar de integrar un solo mercado, en beneficio de todos los
ciudadanos europeos (sic), debe seguir siendo prioritario. Esto se
refiere sobre todo a abrir el mercado de los servicios (íbid., pág.
4)."

Otros líderes empresariales germanos se mostraron menos optimistas
sobre los prospectos de su clase después de la derrota en el
referendo: "Las decisiones, por ejemplo, relativas al financiamiento a
largo plazo del presupuesto de la UE, y en particular al dominio de la
liberalización y el empleo, deben volverse aún más difíciles"
(cursivas mías).

La victoria de los trabajadores, agricultores, profesionales
asalariados y pequeños empresarios franceses ha demostrado que existe
una mayoría capaz de derrotar a los grandes consorcios, los medios
masivos, los líderes políticos y los partidos conservadores y
socialdemócratas. La afirmación del poder popular es un gran
levantón moral y de seguro encenderá mayor activismo y mayor rechazo
a la Constitución en los sectores perjudicados por las políticas
neoliberales.

Es un hecho que la política de clase está en el centro de la
confrontación política sobre el referendo. El analista francés
Olivier Duhamel destaca que, después de 20 años de privatizaciones,
reubicaciones hacia nuevos sitios de mano de obra barata en estados
clientes de Europa oriental y recortes en el gasto social, "la tercera
parte de los franceses están afectados por el desempleo, ya sea porque
están desempleados o porque tienen miedo de estarlo, o porque sus
esposos, esposas, hijos o hijas lo están" (íd.).

Asimismo, el carácter clasista del no, por lo menos en Francia, queda
de manifiesto en que la campaña de rechazo fue encabezada por las
principales organizaciones sindicales (la CGT izquierdista y la Fuerza
Obrera, de centroizquierda); por la gran mayoría de los activistas del
Partido Social y por los dos principales partidos trotskistas (que
cuentan con 10 por ciento del voto electoral). El Frente Nacional, de
extrema derecha, fue factor, pero sólo en la medida en que apeló al
mismo descontento de la izquierda.

Como ocurre normalmente cuando los burgueses pierden una elección
democrática en un asunto de clase revestido de importancia
estratégica, de inmediato se movilizan para circunvalar el resultado,
con una variedad de mecanismos. Algunos comisionados europeos sugieren
una serie de "revisiones de minitratados", que centralizarían la toma
de decisiones sin que sea necesario un referendo. Javier Solana,
representante de política exterior de la Unión, advirtió que
seguirían adelante los planes de instaurar un nuevo servicio
diplomático, pese a que éste era una de las principales disposiciones
de la constitución rechazada por los votantes franceses y holandeses.

Otros defensores del neoliberalismo proponen que los países "pro
reformistas" impulsen el cambio sin Francia y Holanda. El presidente de
la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ferviente partidario del
libre mercado, se comprometió a implantar la agenda neoliberal citando
como fundamento la aprobación del Consejo Europeo (que representa a
los gobiernos), lo cual equivale a repudiar el masivo voto popular en
Francia y Holanda.

Atemorizados por la victoria del pueblo francés, la mayoría de los
líderes políticos de la UE dan pasos para acabar con los referendos.
Guiada por la filosofía de "si no puedes ganar las elecciones,
suprímelas", la estrategia pretende que todas las decisiones se tomen
en el parlamento.

Por último, ahora que Tony Blair volverá a la presidencia de la
Unión, en julio próximo, ha anunciado una guerra total contra "la
Europa social". Sin tomar en cuenta las preocupaciones de los
trabajadores asalariados y jornaleros franceses, alemanes, españoles,
belgas y luxemburgueses, quiere liberalizar y privatizar servicios (70
por ciento de la economía europea), apoyar los planes de la Comisión
Europea de acabar con la ayuda gubernamental a empresas en dificultades
(garantías) e impulsar una agenda de libre comercio. En una palabra,
se dispone a arrasar con el sistema de atención universal a la salud
de alta calidad, como hizo en Gran Bretaña. Elevaría de manera
sustancial los costos de la educación superior y promovería la
privatización de ferrocarriles, para convertirlos en el mismo sistema
inseguro, caro y deteriorado que ha producido en Inglaterra.

Estos esfuerzos de desdeñar el no y proseguir con la agenda neoliberal
encontrarán resistencia a partir del ejemplo francés y por la
presión masiva sobre el gobierno de Francia para que se oponga a la
liberalización. Es muy probable que la clase trabajadora europea
bloquee la estrategia derechista de "engrandecimiento", orientada a
incorporar estados clientes de libre mercado, dominados por la derecha.
Las razones son claras: Europa oriental, Ucrania y los Balcanes son
enormes reservas de mano de obra barata y no sindicalizada (o con
sindicatos controlados por el "Estado").

El "engrandecimiento" de la Unión Europea significa engrandecimiento
por y para la clase capitalista como mecanismo orientado a reubicar
fábricas y valerse de amenazas para reducir salarios, vacaciones y
prestaciones sociales, y forzar a los trabajadores de Europa occidental
a competir con los de la oriental. Además, la "integración" significa
importación y contratación en gran escala de trabajadores y
profesionales calificados de bajos salarios y no sindicalizados para
minar los centros de trabajo sindicalizados y reducir salarios y
prestaciones sociales. La lucha no es sobre la "integración" o el
"engrandecimiento" por sí mismos, sino sobre el designio capitalista
de cada uno, dirigido a aplastar el poder sindical, incrementar el
desempleo y reducir los niveles de vida.

Los trabajadores y agricultores de Europa occidental dotados de
conciencia de clase y sus sindicatos tienen pocos interlocutores dentro
de la clase trabajadora de Europa oriental, donde los sindicatos son
prácticamente cautivos de sus patrones neoliberales y sus elites
políticas. Sin contrapartes para proponer una agenda común conjunta o
interregional, el movimiento de los trabajadores debe basarse en
fortalecer su poder y posición dentro del Estado nación, mientras
permanece abierto y alerta a cualquier oportunidad en el este.

Conclusión

Las victorias de las clases trabajadoras y asalariadas en los
referendos de Francia y Holanda abren nuevas posibilidades para
contener y revertir la escalada de libre mercado de los decenios
pasados. Estimula e impulsa con claridad a los trabajadores de toda la
Unión Europea a imitar el ejemplo, y en ese sentido tiene
implicaciones internacionalistas.

Sin embargo, si no hay movilizaciones sostenidas, la clase capitalista
europea tratará de meter pasajes claves de la constitución por la
puerta trasera, valiéndose de decretos elitistas y de la adopción
gradual de medidas.

Una vez más, los trabajadores franceses han demostrado que el poder
organizado de clase puede derrotar hasta a las mejor organizadas
maquinarias de riqueza y propaganda. A diferencia de Estados Unidos y
Gran Bretaña, los trabajadores franceses no están sujetos a partidos
reaccionarios (como los demócratas y laboristas): son movimientos
sociales libres e independientes, en los cuales el debate abierto y la
competencia entre tendencias revolucionarias y reformistas educan a sus
miembros sobre los temas importantes del día, y en los que el
descontento privado se vincula al debate público y el sufrimiento
individual se liga con la acción colectiva.

Lo que estos comentaristas no logran analizar (o se cuidan bien de
mencionar) son los profundos cambios estructurales que han perjudicado
a la vasta mayoría de trabajadores, agricultores, profesionales
asalariados y pensionados europeos, sin respetar fronteras geográficas
y políticas, edades o nacionalidades.