Un presidente a la vieja usanza

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Saca ha mantenido mucho de los elementos más negativos que
caracterizó la gestión de su predecesor. La falta de debate público
sobre las decisiones más importantes del Ejecutivo constituye una
pequeña muestra de lo anterior. Pero, para los propósitos de este
balance, hay que detenerse en dos hechos que han pasado inadvertidos y
que, sin embargo, ejemplifican el irrespeto de Saca y su gobierno por
la institucionalidad política del país. El primero tiene que ver con
el nombramiento, para el Tribunal Supremo Electoral, de un magistrado
proveniente de las filas del PCN. Esta decisión permite afirmar que
Saca abandonó su línea de prudencia y de respeto mostrada al
principio de su mandato o quizá ha comenzado a mostrar su verdadero
rostro, al mejor estilo de su antecesor. Aprovechando la confusión en
torno a la desaparecida coalición de partidos, los estrategas
políticos de Casa Presidencial decidieron ofrecer un magistrado
electoral al PCN.


Saca y su equipo tienen buenas razones para privar al CDU-PDC de su
magistrado con pretextos tan absurdos como artificiales. En realidad,
la decisión de Saca tiene un doble objetivo. Por un lado, el
presidente quiere amarrar el apoyo político del PCN, para superar su
situación de minoría en la Asamblea Legislativa. De esta manera,
ARENA se asegura que en los dos años que quedan para esta legislatura,
contará con un aliado fiel que votará sus iniciativas de ley en el
parlamento. En este sentido, no causa ninguna extrañeza que Saca haya
maniobrado para conseguir un apoyo legislativo seguro. Es la única
manera de no quedar a merced de la oposición de izquierda, cuya fuerza
en la Asamblea no se ha tambaleado, pese a las dificultades internas
que sufre en este momento.


En la misma línea, en el contexto de la celebración de las fiestas de
fin de año, se ha anunciado que la Corte Suprema de Justicia ha
decidido que no se debe aplicar el artículo de la ley electoral que
estipula un mínimo de porcentaje de apoyo ciudadano que debe conseguir
un partido para poder seguir existiendo como tal. De nueva cuenta, se
decidió salvar al PCN, el principal aliado de ARENA en la Asamblea
Legislativa. No cabe duda que en esta decisión judicial tiene mucho
que ver la alianza ARENA-PCN de la que se ha hablado anteriormente.


Lo peligroso de todo este tema es que con decisiones de esta índole se
pone en riesgo, no sólo el prestigio de las instituciones frente al
conjunto de ciudadanos, sino que los opositores tienen razones de sobra
para fundamentar su desconfianza en la neutralidad de estos dos
organismos importantes para la vida política. Para que funcione la
institucionalidad democrática hace falta que las élites tengan
confianza en los procesos políticos y que no lleguen a la conclusión
de que el juez principal no es leal y que está sesgado a favor de uno
de los contendientes. Cuando sucedió esto en el pasado, el país se
fue a la guerra. Los actores actuales deberían de cuidarse de esta
amnesia histórica que puede acarrear graves consecuencias para la
estabilidad política de El Salvador.