pablo_campos

El Estado y los militares son los primeros terroristas del país al
pisotear los derechos humanos de los civiles olombianos.

Si existiera auténtica justicia en Colombia -y no la pantomima gringa
de las marionetas y su democracia de conveniencia, como las banderas
piratas-, tal vez los líderes guerrilleros estarían delante de un
tribunal, pero Uribe, paramilitares y ejército les acompañarían como
principales asesinos de su propia gente.


Aquí las últimas evidencias:


La comisión estaba promovida por diversas ong's y también participaron
periodistas, junto a la diputada en el Congreso por EUPV-IU, Isaura
Navarro.

Durante los quinces días de estancia en Colombia realizaron
entrevistas con múltiples organizaciones sociales, defensores de
derechos humanos y comunidades que pretenden vivir en paz. También se
han entrevistado con autoridades, desde procuradores locales,
autoridades policiales, hasta el vicepresidente de la República.

Según Cardona "hemos ido desde rincones de selva donde existen
comunidades en resistencia, hasta poblaciones absolutamente
militarizadas donde se está utilizando a la población civil como un
escudo para las fuerzas armadas, y donde los militares circulan por la
calle apuntando con sus armas a la población".

Según señaló, las conclusiones provisionales iniciales de esta
comisión, son muy desoladoras, con respecto a la situación de los
derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia.
Con respecto a este último, "tanto la guerrilla como los
paramilitares, como las fuerzas armadas, cometen graves infracciones
del derecho internacional humanitario, que se traducen en la no
distinción entre las personas combatientes en el conflicto armado que
se vive en este país desde hace 40 años y las personas no combatientes
civiles, y eso es responsabilidad de cada actor armado que causa la
agresión".

DE LECTURA OBLIGADA:

En lo referente a los Derechos Humanos, "la vulneración de los mismos
es responsabilidad del Estado Colombiano, sus acciones y omisiones
contribuyen a que la población se vea fustigada, agredida, impedida de
expresar sus opiniones, encerrada en la prisión, y en muchas ocasiones
asesinada, por sus ideas o por no pensar igual que el gobierno.

Los actores de estas agresiones son en muchas ocasiones las fuerzas
armadas públicas, y los paramilitares que tienen una connivencia
directa demostrada en múltiples ocasiones con funcionarios
gubernamentales y fuerzas armadas".

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Cardona denunció que "el gobierno colombiano afirma que las
violaciones de derechos humanos están disminuyendo, pero eso no es
cierto porque ahora se disfrazan de delitos comunes muchas acciones
organizadas contra los derechos humanos. La gente ha dejado de
denunciar las desapariciones, las muertes y las amenazas porque estas
denuncias llegan siempre a manos de los paramilitares, y suponen la
persecución de la persona que denuncia, y no tienen ningún efecto en
la investigación judicial, que normalmente comienza por investigar a
la víctima en lugar de investigar el delito".

La tercera conclusión general, es que a "en Colombia hay grandes
fallos en el estado de derecho, las instituciones actúan contra una
persona por su ideología, el delito de rebelión que era para personas
que atacaban al estado, se ha ampliado de tal manera que se ha
convertido en un delito político, en un delito de opinión. Ser
sindicalista, directivo de cooperativas de producción, defensor de los
derechos humanos, o simple ciudadano que no piensa como el gobierno,
ha pasado a ser una gran posibilidad de ir a la prisión".

Según el diputado de EUPV, "el Estado Español, los gobiernos europeos,
son en parte responsables y pueden hacer mucho por cambiar esta
situación; a principios de febrero, hay una conferencia en Cartagena
para definir la ayuda económica internacional a Colombia". "Esta ayuda
–afirma- debería estar supeditada al cumplimiento estricto de los
Derechos Humanos y solo se debería conceder con unas garantías
clarísimas de defensa de los derechos de todos los colombianos y
colombianas". "Posteriormente a la Conferencia vendrá el presidente
colombiano en visita a España, y creemos que el Gobierno Español debe
de trabajar para exigir y garantizar que el respeto a los derechos
humanos sea una realidad y no una promesa. La Comisión de Validación
de derechos humanos no comprendería que se ayudara económicamente a
Colombia para que continuara utilizándose en la ayuda a los
paramilitares, al armamento del ejército, y no en proteger a la
población".