el llanero solidario

Todos saben cómo termina


Por Luis Bruschtein
La represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 dejó un saldo final de
39 muertos y produjo la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. En la
represión del 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón fueron asesinados
Kosteki y Santillán y, con las diferencias del caso, se convirtió en el
principal factor para que Duhalde adelantara la convocatoria a elecciones.
Resulta sorprendente cómo los ****istas suelen no tomar en cuenta las
protestas del movimiento social en sus ecuaciones políticas, cuando, de
hecho, estas protestas han sido decisivas para las caídas de los dos
gobiernos anteriores. Aunque podría decirse que más que las protestas, lo
que terminó volcando la suerte de ambos gobiernos fue la forma en que estas
protestas fueron reprimidas. Esto es más sorprendente todavía porque muchos
de estos ****istas sólo se refieren a las protestas para exigir que sean
reprimidas.
Las muertes de Kosteki y Santillán pusieron al país al borde de otra
masacre. La represión había encendido la mecha de un polvorín y la única
forma de desactivarlo fue adelantar las elecciones y ponerle fecha a la
retirada de Duhalde. Antes de esos crímenes, hubiera podido especular con
quedarse porque la economía empezaba a salir de la sensación de catástrofe y
no se visualizaban candidatos ni alternativas reales.
Como suele suceder, la represión no surgió de la nada. Aquella marcha
se hizo en el contexto de una campaña crispada por parte de la mayoría de
los medios que venían exigiendo una demostración de autoridad. No se podía
permitir que los piqueteros se adueñaran impunemente de las calles, decían.
Y desde algunos sectores del gobierno se alimentaba esa campaña. El mismo
jefe de Gabinete presidencial de aquella época, Alfredo Atanasof, se había
trenzado en una suerte de duelo de advertencias y amagues con los dirigentes
piqueteros. Para algunos la frágil situación política no podía soportar la
movilización permanente de los desocupados y las asambleas. Este
razonamiento se asentaba en argumentos como la necesidad de hacer ***plir la
ley, el derecho al libre tránsito de las personas y el resguardo de la
propiedad privada, y tenía además una fuerte carga racial y clasista, así
como el miedo a que la protesta volviera a incidir en la toma de decisiones
políticas.
Había argumentos razonables y otros esencialmente reaccionarios. Pero
hasta los razonables ponían de manifiesto su insensibilidad ante las
consecuencias de la crisis y la incapacidad de asumirla, de tomar conciencia
de que no eran tiempos normales.
El aniversario de esta fecha tomó importancia en la agenda de las
agrupaciones de desocupados que, por lo general, preparan planes de lucha
desde los días previos hasta confluir en el acto de homenaje a las dos
víctimas de la represión en el Puente Pueyrredón. Por esta razón, desde hace
varios días la protesta piquetera está en la primera plana de los medios,
atizando el imaginario de los ciudadanos porteños. Los argumentos son
prácticamente un calco, vuelven a recrear el clima de intolerancia y encono
social con más irresponsabilidad que hace dos años porque ahora está
doblemente demostrado que desatar la represión es un camino sin salida. Ya
nadie puede decir en este país que cuando se exige represión no se está
convocando a la tragedia y al caos.