el llanero solidario

Apurado por el nuevo jefe de la Corte Suprema, el procurador
finalmente emitió su dictamen sobre la causa de lavado y evasión del BGN. Y
aprobó la prisión por asociación ilícita.
Carlos Rohm no convenció y seguirá detenido.


Por Irina Hauser
El banquero del menemismo Carlos Rohm debería seguir preso por liderar
una asociación ilícita dedicada a lavar dinero y fugar capitales a través
del Banco General de Negocios (BGN), según establece un dictamen que firmó
el viernes el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra. El texto
también advierte que las maniobras financieras fraudulentas detectadas en la
investigación de la jueza María Romilda Servini de Cubría lesionan "la
seguridad pública de la comunidad", además de perjudicar a ahorristas y a la
economía en general. Este criterio ahora deberá ser analizado por la Corte
Suprema, que tendrá la última palabra, y posiblemente incluya este
expediente entre los próximos que analice.
Rohm, vicepresidente del BGN, recurrió a la Corte para cuestionar la
detención con prisión preventiva ordenada en enero de 2002 por Servini y
confirmada por la Sala II de la Cámara Federal. Su hermano José "Puchi", que
presidía la entidad, está prófugo. Las dos instancias judiciales que
intervinieron dieron por comprobada la existencia de una asociación ilícita
en el funcionamiento organizado de un entramado de empresas, entre las que
se destacaban el BGN, la Compañía General de Negocios, el Banco Comercial
del Uruguay y San Luis Financial Investment Co. El grupo actuaba, según la
pesquisa, en la Argentina y Uruguay, combinando compañías legalmente
constituidas con empresas fantasma y hasta contaba con una suerte de manual
de instrucciones para evitar que sus operaciones quedaran en evidencia.
La Justicia considera comprobado que en el BGN se institucionalizó un
"mecanismo paralelo" que no sólo permitía hacer negocios turbios en
beneficio de quienes lo manejaban sino fugar divisas burlando todos los
controles, aún después de la implementación del corralito financiero que
ordenó Domingo Cavallo cuando era ministro de Economía. Esto a su vez
arrastraba piruetas para blanquear dinero sucio, proveniente de delitos y
evasión. En el expediente se señalan préstamos a sociedades ligadas al mismo
grupo, con accionistas comunes a las tres entidades financieras principales,
que en realidad carecían de movimientos económicos importantes. También
aparecen posibles defraudaciones a depositantes particulares cuyos fondos
eran desviados. La jueza advirtió en su momento que el Banco Central había
ignorado los enormes movimientos de dinero.
La denuncia que dio lugar a la causa fue de las diputadas del ARI
Graciela Ocaña, Marcela Rodríguez y Elisa Carrió, que aportaron un informe
elaborado por un sector de la comisión parlamentaria de lavado de dinero que
advertía sobre la existencia de un "sistema financiero paralelo" destinado a
lavar, evadir impuestos y sacar plata, lo que habría contribuido al colapso
del sistema.
El dictamen que firmó el viernes Becerra, tras un pedido de celeridad
del nuevo presidente de la Corte, Carlos Fayt, ratifica la responsabilidad
de Carlos Rohm como jefe de la asociación ilícita, por la que también están
procesados Rufino Basavilbaso de Alvear, Adrián Couce y Carlos Félix Pando
Casado. El procurador refutó, en el texto no vinculante que elevó al Alto
Tribunal, todos los argumentos de la defensa de Rohm al ratificar que las
escuchas telefónicas ordenadas por la jueza no violaron derecho alguno ni
tampoco lo hicieron los allanamientos, que entendió bien justificados.
Becerra dio por constatado el delito de asociación ilícita y consideró
que "es una figura autónoma de los distintos delitos que (a través de ella)
se llegaran a cometer", lo que no quita que se verifiquen por separado
aquellas acciones fraudulentas posiblemente cometidas en un "actuar
societario". Sostuvo que "el acuerdo de voluntades se vio reflejado, a lo
largo de la investigación, en el grado de cohesión de sus miembros -los
accionistas y funcionarios bancarios involucrados- que conformaban una
organización diseñada para eludir controles y ejecutar con fluidez todo tipo
de operaciones financieras marginales" y "en perjuiciode múltiples e
indeterminadas personas", lesionando "seriamente el bien jurídico de la
seguridad pública".
El gran test estará ahora en la Corte Suprema. Habrá que ver qué hacen
los supremos con esta causa, teniendo en cuenta que el máximo tribunal -en
tiempos en que todavía estaba Julio Nazareno y tenía poder la mayoría
automática- cuestionó la aplicación de la figura de asociación ilícita en la
venta ilegal de armas, alertando (y reprochando) sobre su abuso a los jueces
de primera instancia. Lo que permitió, en definitiva, que Carlos Menem
recuperara la libertad.